La denuncia presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores contra la ex Canciller Karen Longaric, el pasado 5 de julio de 2021, no constituye un acto de persecución política; por el contrario, se la realiza por responsabilidad funcionaria debido a que el Código Penal en su Artículo 286 del Código Penal determina que los funcionarios públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones “tendrán la obligación de denunciar los delitos de acción pública”. 

Habiéndose identificado antecedentes de la No Ejecución del Presupuesto destinado a la atención de compatriotas bolivianos en el exterior durante el periodo de la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus (COVID-19), circunstancias que denotan la comisión del delito de incumplimiento de deberes, se presentó la denuncia ante el Ministerio Público para que, en el marco de sus competencias, realice la investigación y acumule los elementos probatorios a fin de establecer la responsabilidad penal. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores considera que la ex Canciller tiene responsabilidad penal; pero, eso lo decidirá la autoridad jurisdiccional en aplicación de la normativa vigente, quedando esta Cartera de Estado con la obligación de coadyuvar con la investigación que se ha iniciado.

La Paz, 11 de agosto de 2021.