170 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
El Estado boliviano reafirmó hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que la sentencia 0084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que habilita a las autoridades electas a una nueva postulación, respeta y desarrolla la Constitución boliviana y aplica preferentemente los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
En representación del Estado, participaron los Ministros de Relaciones Exteriores, Diego Pary y de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce; quienes estuvieron acompañados por el embajador boliviano en la OEA, José Alberto Gonzales; y el Procurador General del Estado, Pablo Menacho, en la audiencia pública de la CIDH, en su 170º periodo ordinario de sesiones, donde también participaron dos fundaciones opositoras como solicitantes, la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (FODHJ) y Fundación de los Derechos Humanos (HRF).
Ministro de Relaciones Exteriores, Emb. Diego Pary, durante su alocución
En su intervención el Canciller Pary hizo referencia a la profundización de la democracia en Bolivia. “Desde el retorno a la democracia, la población boliviana fue en reiteradas oportunidades a las urnas electorales para elegir un gobierno legalmente constituido, que se hiciera cargo de los destinos del país. Sin embargo, debido a la baja legitimidad de los actores políticos por el manejo discrecional, sectario y patrimonialista que hacían de las instituciones públicas, en las elecciones presidenciales de los años 1985, 1989, 1993, 1997 y 2002, fue el entonces denominado Congreso Nacional, y no el voto popular, el que en definitiva eligió a los presidentes y vicepresidentes del Estado”, rememoró.
Pary recordó que el año 2005, el pueblo eligió al primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales Ayma, quien ganó con una amplia e histórica mayoría del 53.74% de votos a su favor. “A partir de la elección del presidente Morales, se ha llevado adelante un amplio proceso de profundización de la democracia y la inclusión social”, enfatizó.
En este contexto, el 21 de febrero de 2016, en Bolivia se realizó un referendo sobre la modificación del artículo 168 de la Constitución boliviana, respecto a la reelección continua del Presidente y Vicepresidente. Los resultados de este referendo arrojaron una diferencia mínima del 1% a favor de la opción negativa.
Pary aclaró que este resultado fue manipulado e inducido, a través de una campaña corporativa mediática, planificada y mentirosa de desprestigio, creada en contra del presidente de las bolivianas y bolivianos y que, a pesar de ello la Constitución Boliviana, no se modificó en los artículos que proponía, con lo cual se dio pleno cumplimiento a propósito del referendo realizado y no existe ninguna vulneración como mencionan los solicitantes en esta audiencia.
A su turno, el Ministro de Justicia en relación a la Sentencia Constitucional 0084/2017, señaló que la misma cumple plenamente la Constitución boliviana, y que “se desarrolla el derecho interno boliviano, sino que cumple y desarrolla el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, aplicando de manera preferente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, a todos los derechos en general y a los derechos políticos en particular”.
Arce precisó que, bajo la actual Constitución, el Estado boliviano tiene la función esencial de garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos cumpliendo plenamente el principio del derecho internacional, incorporando tres artículos fundamentales para garantizar la primacía de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales suscritos por Bolivia.
“En primer lugar, el artículo 13 que establece que los derechos y deberes se interpretan de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos. El artículo 256 que establece que los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución se aplicarán de manera preferente sobre ésta. Tercero, el artículo 410 de la Carta Magna que establece que el bloque de constitucionalidad estará integrado fundamentalmente por los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, detalló.
Arce ratificó que estos elementos fundamentales en las que se funda la sentencia que emitió el TCP el 28 de noviembre de 2017 sobre los derechos políticos que constitucionalmente habilita al Presidente del Estado, al Vicepresidente, Gobernadores y Asambleístas Departamentales, Alcaldes y Concejales, elegidos democráticamente, para ser reelectos, por voluntad popular.
Asimismo, manifestó que este hecho guarda plena consonancia con las experiencias de otros países latinoamericanos, tales como Nicaragua, Honduras y Costa Rica. “Bolivia no es el primer ni el segundo país, sino el cuarto en adoptar esta postura, la Convención Americana”. Concluyendo que “la re-postulación de un candidato no viola derecho alguno y representa una mera posibilidad, toda vez que en última instancia serán los electores quienes le brindarán su voto confianza o se lo denegará”.
Ministro de Relaciones Exteriores, Emb. Diego Pary, durante su alocución
A su vez, el Canciller manifestó ante la CIDH que Bolivia goza de plena estabilidad política, económica y social, con una democracia consolidada, con elecciones libres y de acuerdo a la legislación del país, para todos los cargos y niveles.
Finalmente, las autoridades subrayaron que Bolivia es una Nación que viene consolidando un sistema democrático real y propio, con identidad, con amplia participación social y con fuertes componentes de inclusión social. Bolivia es un ejemplo en la región no solo en valores democráticos, sino en estabilidad, dignidad y crecimiento.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
Washington, 5 de diciembre de 2018
