El Comisionado Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y relator para Bolivia, José Luis Caballero, presentó este miercoles el primer Informe Anual de la Mesa Especial de Seguimiento (MESEG) para la Implementación de las Recomendaciones del Informe del GIEI-Bolivia, en el que destacó los avances obtenidos por el Gobierno Nacional en el cumplimiento de las mismas, así como los retos que se deben superar.
El informe fue presentado en la Cancillería boliviana, en el marco de la visita de alto nivel que realizan al país los integrantes de la CIDH responsables de la MESEG. La presentación fue acompañada por la Ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, representantes del Órgano Ejecutivo, además del Embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, Héctor Arce Zaconeta.
“El informe identifica las medidas y procesos implementados para el cumplimiento de 10 de las recomendaciones emitidas por el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) en materia de reparación e investigación, así como los principales desafíos al respecto. Recoge las recomendaciones de carácter estructural respecto a las cuales el Estado reportó para este primer año avances sustantivos”, explicó el Relator.
Entre los avances, Caballero destacó las acciones adoptadas por el Estado para fortalecer la institucionalidad y la independencia del mecanismo nacional contra la tortura, que fue identificado como relevante en la implementación de la recomendación N° 16, en la que se solicitó, entre otros, un mecanismo acorde con la convención contra la tortura.
De igual forma, destacó la implementación de la Política Plurinacional de Reparación integral de las Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, que se implementó en el marco de la recomendación N° 1, referida a los criterios generales para la implementación de mecanismos de reparación.
“La Comisión ha valorado de manera muy positiva la ampliación de los mecanismos de ayuda humanitaria que se han implementado para algunas de las víctimas de los hechos de violencia. Se destaca también la fase de implementación que debe atenderse posteriormente, en el proceso de cumplimiento”, aseveró el Relator.
De igual forma, el informe identificó, entre otros, retos como la aprobación de una Ley para la Reparación, la cual, Caballero consideró ser uno de los más significativos; así como la implementación de un plan de acción sobre la política integral de reparaciones, el cual debe ser diseñado de forma participativa con las víctimas, y fortalecido con el diseño de un censo y el registro informático de los fallecidos y heridos de los hechos de 2019 y 2020.
“La Comisión valora enormemente el compromiso y los avances, las acciones emprendidas por el Estado para cumplir con las recomendaciones emitidas por el GIEI Bolivia en 2021, a la vez de concluir que quedan aún pasos relevantes para afianzar este cumplimiento”, detalló.
Caballero explicó que el informe tiene el objetivo de determinar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones, en particular aquellas priorizadas en torno a la reparación y la investigación sobre la vulneración de los derechos.
Por su lado, la Ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, subrayó la importancia de la presentación de este primer informe que, expresó, da cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos que se registraron entre noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020. Asimismo, recalcó la importancia de los avances logrados hasta el momento por el Gobierno Nacional en la implementación de las recomendaciones hechas por el GIEI para la reparación de estos delitos.
“La CIDH ha reconocido los progresos y las medidas adoptadas por nuestro Gobierno para avanzar en las recomendaciones, destacando entre otros el fortalecimiento de la institucionalidad, la independencia del mecanismo nacional de prevención contra la tortura, así como la derogación de las normas de amnistía en los casos de graves violaciones a los derechos humanos”, recalcó.
Sosa reiteró el compromiso del Estado Plurinacional para que no se vuelvan a repetir hechos similares a los de 2019 y 2020.
