En un esfuerzo continuo por fortalecer la protección y asistencia a los bolivianos en el extranjero, el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó el “Protocolo de Actuación Consular para la Atención de Connacionales Víctimas de Trata de Personas en el Exterior”.
“Entre 2018 y junio de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha realizado 88 repatriaciones de víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes de nacionalidad boliviana en el exterior”, informó la Ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa Lunda, durante el evento.
El objetivo de este protocolo es estandarizar los procedimientos y actuaciones de las oficinas consulares y direcciones departamentales de esta Cartera de Estado en materia de asistencia y protección a connacionales en el exterior, siguiendo estándares internacionales que permitan su identificación y derivación a entidades de protección en el país receptor. Esto evitará la revictimización y fomentará la cooperación de otros países con Bolivia.
Además, la Canciller destacó que el Observatorio Nacional Contra la Trata y Tráfico de Personas identificó que entre 2015 y 2021, el 67% de las personas afectadas por este delito son mujeres y niñas, aunque también hay una cantidad significativa de hombres y niños. Las víctimas son explotadas sexualmente, sometidas a trabajos forzados y mendicidad infantil; más del 50% de las víctimas son menores de 20 años, lo que subraya el peligro al que están expuestos nuestros jóvenes. Hasta la fecha, aún existen víctimas cuya situación no ha sido denunciada ni conocida.
El documento presentado es una guía integral diseñada para proporcionar las herramientas y procedimientos necesarios para brindar una atención efectiva y humanitaria a los connacionales en situación de trata de personas. Este protocolo aborda temas esenciales como la identificación de víctimas, la provisión de asistencia consular, la coordinación con autoridades locales e internacionales y la repatriación segura de las víctimas.
El protocolo incluye la aplicación de principios como la atención integral e individualizada, la no revictimización, el consentimiento informado, la confidencialidad y la no discriminación, entre otros. Los 19 pasos detallados en el protocolo van desde la identificación de la víctima, orientación de asistencia consular, elaboración de un plan de intervención, denuncia ante instancias competentes del país receptor, la coordinación interinstitucional para la atención y protección especializada, hasta la repatriación y recepción de la víctima de trata y su referencia a la institución de protección en Bolivia.
“Hemos priorizado para la gestión 2024 tres áreas importantes para la migración y el trabajo consular: movilidad humana y género, movilidad humana y niñez, y, por supuesto, la trata y tráfico de personas. Este protocolo abarca las acciones que pueden llevar a cabo nuestras oficinas consulares para proteger a nuestros ciudadanos en el exterior”, detalló el Viceministro de Gestión Consular e Institucional, Fernando Pérez.
El protocolo, desarrollado durante la gestión 2023 con la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), aborda un problema persistente y complejo. Según el Informe Mundial de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Bolivia es un lugar de origen, tránsito y destino para estos delitos que afectan a las víctimas.
