El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, presentó este martes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional la documentación oficial que acredita que la Cancillería actuó con oportunidad, transparencia y pleno apego a la normativa vigente en el denominado “caso maletas”. Durante su comparecencia en la Petición de Informe Oral, la autoridad demostró con documentación en mano que se anuló el pasaporte diplomático de la exdiputada Laura Rojas Ayala y se alertó formalmente a la Dirección General de Migración y a Interpol el 12 de noviembre de 2025, meses antes de que la situación adquiriera estado público.
En su intervención, Aramayo fue enfático al delimitar las competencias de la cartera que dirige. Explicó que la Cancillería, en su condición de Autoridad Central en materia de cooperación jurídica internacional, carece de facultades de investigación penal o de determinación de responsabilidades sustantivas, atribuciones que corresponden exclusivamente al Ministerio Público. En ese sentido, precisó que su función institucional se limita estrictamente a recibir, canalizar, transmitir y dar seguimiento a los requerimientos de cooperación internacional formalmente promovidos por dichas autoridades judiciales, en el marco de la legislación nacional y los instrumentos internacionales vigentes.
El Canciller detalló de forma cronológica las actuaciones desarrolladas por el Ministerio, demostrando que se procedió a la cancelación oportuna del documento de viaje de la exlegisladora y se emitió de inmediato la comunicación formal tanto a la Dirección General de Migración como a la Oficina Central Nacional de Interpol Bolivia. De igual manera, la institución remitió de manera regular todos los antecedentes y la información pertinente a las instancias competentes encargadas del caso.
Asimismo, la autoridad destacó que el Ministerio de Relaciones Exteriores colaboró proactiva y voluntariamente con la justicia, habiéndose apersonado ante el Ministerio Público desde el 27 de enero de 2026. Desde esa fecha, la entidad ha participado activamente en todas las actuaciones requeridas dentro de la investigación y ha aportado la documentación institucional de respaldo correspondiente en el ámbito de sus competencias.
Al cierre de la sesión legislativa, el canciller Aramayo reafirmó la plena disposición de su cartera para continuar colaborando con las autoridades competentes bajo los principios de legalidad, transparencia y cooperación institucional. Con este fin, puso a disposición de la Comisión legislativa la totalidad de los archivos y la documentación respaldatoria que ratifican el correcto proceder de la institución a lo largo de este proceso.
