El Ministerio de Relaciones Exteriores realizó este jueves el conversatorio “Actualización del Protocolo de Actuación Consular para la Atención de Connacionales Víctimas de Trata de Personas en el Exterior”, un espacio orientado a fortalecer la respuesta del Estado boliviano frente a la trata de personas y a mejorar los mecanismos de protección de bolivianas y bolivianos en situación de vulnerabilidad fuera del país.
El encuentro se desarrolló en el Salón Rodolfo Illanes del Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, con la participación de autoridades nacionales, representantes de misiones diplomáticas, organismos internacionales, instituciones especializadas y organizaciones de la sociedad civil.
La iniciativa contó con el acompañamiento de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIAP), además del apoyo de la Cooperación Española y de la Unión Europea, en el marco de una articulación orientada al fortalecimiento de capacidades institucionales y al intercambio de experiencias frente a delitos transnacionales.
Durante su intervención, el Ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo Carrasco, sostuvo que la actualización del protocolo no constituye “un simple ejercicio de revisión administrativa”, sino una reflexión profunda sobre la responsabilidad del Estado frente a una de las violaciones más graves de los derechos humanos de nuestro tiempo.
El Canciller afirmó que, cuando una boliviana o un boliviano cae en redes de trata de personas en el exterior, “el sufrimiento no ocurre lejos de nosotros”, sino que interpela al Estado, desafía a la sociedad y pone a prueba su capacidad institucional de protección. En esa línea, remarcó que “la soberanía de un Estado no termina en sus fronteras; también se expresa en su capacidad de proteger a sus ciudadanos allí donde se encuentren”.
Aramayo subrayó que Bolivia no puede asumir “un papel pasivo” frente a situaciones que comprometen la vida, la integridad y la libertad de sus ciudadanos. Señaló, además, que la actualización del protocolo constituye una decisión política para reforzar la protección consular, mejorar la coordinación interinstitucional y perfeccionar la capacidad de respuesta del Estado ante casos de trata que afecten a connacionales en el exterior.
“La trata de personas busca arrebatar nombres, identidades, libertades y proyectos de vida. La obligación del Estado es exactamente la contraria: proteger, acompañar y restituir derechos”, afirmó la autoridad, al destacar la necesidad de construir una red consular más humana, cercana y efectiva.
La jornada tuvo como eje la revisión participativa, adecuación técnica y actualización del protocolo de actuación consular. El objetivo fue avanzar hacia una ruta de atención integral, con enfoque de derechos humanos, que contemple identificación temprana, auxilio oportuno, atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes, prevención de la revictimización y mecanismos de retorno asistido.
El conversatorio se organizó en tres paneles de trabajo. El primero abordó experiencias del Servicio Exterior en materia de repatriación de víctimas connacionales; el segundo, buenas prácticas internacionales; y el tercero, la coordinación interinstitucional de atención a víctimas de trata de personas en Bolivia, con aportes de instituciones públicas, organismos internacionales, representaciones consulares y organizaciones especializadas.
En el cierre, el Viceministro de Gestión Consular e Institucional, Héctor Huanca Gutiérrez, destacó que “los documentos adquieren verdadero valor cuando se transforman en acciones” y señaló que el desafío institucional será operativizar los consensos alcanzados, incorporarlos en el texto final del protocolo y fortalecer la capacitación del cuerpo consular boliviano para su aplicación obligatoria y eficiente.
Con esta iniciativa, Bolivia reafirmó que la protección de sus connacionales en el exterior no es una tarea meramente administrativa, sino una responsabilidad permanente e irrenunciable del Estado.
