En el marco del 62º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se celebra en Ginebra, Suiza, el Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Embajador Fernando Hugo Aramayo Carrasco, participó en el diálogo interactivo sobre el Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Durante su intervención, el Canciller reafirmó el compromiso histórico del Estado Plurinacional de Bolivia con la promoción y protección de todos los derechos humanos, destacando además la conmemoración del 80º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En ese contexto, expresó la profunda preocupación del Estado boliviano por las graves afectaciones a los derechos humanos que enfrenta la población como consecuencia de hechos de violencia y prolongadas medidas de presión que han interrumpido vías estratégicas de comunicación y abastecimiento, restringiendo el acceso de millones de personas a bienes y servicios esenciales y afectando particularmente a los sectores más vulnerables.
Asimismo, señaló que estas acciones han comprometido el ejercicio de derechos fundamentales como la vida, la salud, la alimentación, la libre circulación y el trabajo, además de generar dificultades para la prestación regular de servicios públicos esenciales y desafíos para el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho.
El Ministro de Relaciones Exteriores reafirmó que la protesta pacífica constituye un derecho humano fundamental y un elemento esencial de toda sociedad democrática. Sin embargo, enfatizó que ninguna forma de ejercicio de este derecho puede derivar en actos de violencia, coerción o afectaciones generalizadas a los derechos de terceros, ni poner en riesgo el orden público, el funcionamiento de las instituciones democráticas o la vigencia del Estado de Derecho.
Finalmente, Bolivia reiteró ante la comunidad internacional su firme compromiso con la protección de los derechos humanos, la preservación de la paz social, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el respeto al Estado de Derecho, destacando la importancia del acompañamiento de las Naciones Unidas y de los mecanismos internacionales de derechos humanos para contribuir a estos objetivos.
