Santa Cruz, 13 de octubre, 2026.- El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Héctor Huanca, inauguró este martes el “Taller sobre la participación de los países en desarrollo sin litoral en el régimen de la zona y el mecanismo de reparto de beneficios en el marco de la CONVEMAR”, con un llamado a la equidad global y la justicia geopolítica.
El Canciller remarcó que la falta de acceso directo al mar no debe ser una limitación permanente para el progreso, y que el patrimonio común de la humanidad no puede excluir a las naciones sin litoral de las oportunidades científicas y tecnológicas.
“El patrimonio común de la humanidad no puede ser patrimonio exclusivo de quienes tienen costas; si es común, sus oportunidades y beneficios deben alcanzar también a quienes no tenemos litoral. No estamos aquí para reclamar privilegios, sino para promover la aplicación efectiva de principios de equidad, participación y cooperación internacional”, destacó la autoridad.
Aseguró que las riquezas del lecho y el subsuelo marino pertenecen a la humanidad en su conjunto, por lo que exigió que el marco legal de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y el Acuerdo de 1994 se traduzcan en una participación real.
“El reconocimiento jurídico de nuestros derechos debe acompañarse de oportunidades efectivas para participar en la investigación científica, el desarrollo de capacidades y la transferencia de conocimientos”, demandó.
Visibilizó el impacto que la mediterraneidad genera sobre los ciudadanos del bloque e instó a las delegaciones a transformar estas dificultades geográficas en oportunidades de desarrollo mediante el conocimiento.
“Detrás de estas dificultades existen realidades humanas concretas, productores que enfrentan mayores costos, emprendedores con obstáculos para competir y jóvenes que buscan formación. No hemos venido a Santa Cruz únicamente a recordar las desventajas de nuestra geografía; hemos venido a demostrar que los derechos reconocidos por el derecho internacional pueden convertirse en oportunidades reales para nuestros pueblos”, dijo.
Enfatizó que el bloque cuenta con capacidades en minería terrestre e investigación geológica para actuar como Estados patrocinadores ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), pero advirtió que cualquier aprovechamiento exige rigurosidad ecológica.
“El desarrollo sostenible no puede constituirse a expensas de los ecosistemas que forman parte del patrimonio natural de las generaciones”, aseveró.
Indicó que el taller, que sesionará hasta el 15 de octubre, debe definir una agenda de trabajo que garantice el seguimiento de las prioridades y la continuidad de la cooperación.
“Aspiramos a que las jornadas de trabajo permitan avanzar hacia una ‘Agenda de Santa Cruz’. Las presidencias son temporales, pero los compromisos colectivos deben tener continuidad. Que Santa Cruz sea el lugar donde comenzamos a construir una participación más justa, equitativa y compartida en el futuro de los océanos”, concluyó.
El encuentro cuenta con el respaldo de la secretaria General de la ISA, Leticia Reis; el embajador de España en Bolivia, Fernando García Casas; y de la Oficina del Alto Representante de las Naciones Unidas para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (UN-OHRLLS), Rabab Fatima; consolidando un frente multinivel enfocado en una economía inclusiva y sostenible.
La CONVEMAR y el Acuerdo de 1994 facultan a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) para regular el lecho marino internacional en beneficio de la humanidad, otorgando a los países en desarrollo sin litoral (PDSL) el derecho a participar equitativamente en su exploración y beneficios. A través del Programa de Acción de Awaza, estas naciones disponen de vías para integrarse a la economía azul mediante la transferencia de conocimientos y el desarrollo de capacidades. Por ello, la actual fase de finalización del Código de Minería de la ISA y su modelo financiero representa una oportunidad clave para que los PDSL influyan en el mecanismo de reparto de beneficios, salvaguarden sus intereses estratégicos y aseguren un uso sostenible de los recursos oceánicos.
