Montevideo, 21 de agosto. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) aprueba una Resolución propuesta por Bolivia sobre el diseño de acciones para facilitar la participación de los sectores y organizaciones sociales en la integración latinoamericana.
Por unanimidad, el Consejo de Ministros de ALADI realizado este jueves, en su Decimoséptima Reunión, adoptó la Resolución 80, que establece la evaluación e identificación de acciones para la participación activa de los movimientos sociales en el proceso integrador regional.
En representación de Bolivia participó el Representante Permanente ante ALADI y MERCOSUR, Benjamín Blanco, Embajador de Bolivia en Uruguay, quien agradeció el apoyo a los países de ALADI por acompañar la Resolución y llamó a una integración construida desde y para los pueblos, subrayó que la ALADI no puede estar a espaldas de los movimientos sociales.
Asimismo convocó a los países a considerar en los escenarios de las negociaciones comerciales regionales que se desarrollan en ALADI, la especial situación de Bolivia al ser un país actualmente privado de su salida al mar, tal como lo prevé el Tratado de Montevideo de 1980.
En la Reunión del Consejo, de forma unánime y por aclamación, se reeligió al Lic. Carlos Álvarez, de nacionalidad argentina, como Secretario General de la ALADI para el período 2014 – 2017.
Durante la sesión, los Ministros y Jefes de Delegación expresaron su decidida convicción sobre el rol de la ALADI en la integración regional y manifestaron la voluntad política de sus países de ampliar y fortalecer aún más las relaciones económicas y comerciales entre todos los miembros de la Asociación.
Además de la Resolución de Acciones para Facilitar la Participación de los Sectores y Organizaciones Sociales se aprobó otra resolución sobre la Ampliación de la ALADI y otra acerca de la Promoción y Facilitación del Comercio Intrarregional.
Igualmente, los miembros de las Asociación manifestaron su respaldo a la República Argentina en torno a la reestructuración de su deuda soberana y a sus legítimos derechos sobre la disputa de soberanía relativa a la cuestión de las Islas Malvinas.
