La Paz, 6 de octubre, 2026.- El Programa de Desarrollo del Turismo Cultural y Natural Cochabamba-Potosí paralizado por la burocracia estatal desde hace 13 años, se reactiva por la gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Viceministerio de Turismo y Culturas, y la entidad desconcentrada Bolivia al Mundo que establecen una política de resultados y contacto directo con las regiones.
El programa se sustenta en un crédito blando sin intereses otorgado por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) por 12 millones de euros (aproximadamente 6 millones para Cochabamba y 6 millones para Potosí), bajo condiciones de 10 años de gracia y 10 años de pago para invertir en patrimonio, servicio y desarrollo turístico local. Al sumar las contrapartes locales, la inversión supera los 100 millones de bolivianos.
“El verdadero valor de este programa no está solamente en su monto, está en demostrar que distintos niveles del Estado pueden actuar como partes de un mismo proyecto. Este programa exige que actuemos como un solo Estado. El Gobierno Nacional debe asumir el liderazgo que le corresponde para abrir oportunidades y sostener los compromisos internacionales”, aseguró el canciller Héctor Huanca.
Durante la firma del acuerdo, la autoridad resaltó que es la primera vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores asume la responsabilidad directa de impulsar el turismo y las culturas desde el territorio, promoviendo la unidad institucional.
“Junto a los alcaldes, gobernaciones, cooperación internacional y el Gobierno Nacional, esta nueva etapa tiene que tener un sello de articulación y de corresponsabilidad. Quiero agradecer a los alcaldes de Arani, Anzaldo, Cliza, Tarata y Torotoro y al Gobernador de Potosí (…) Gobernar juntos no significa pensar igual, significa comprender que hay objetivos que están por encima de cualquier color político y que la población espera resultados”, dijo.
Vinculó este logro con la agenda 50-50 impulsada por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, orientada a descentralizar las responsabilidades del Estado.
“El 50-50 no es únicamente una discusión sobre la distribución de recursos, es una nueva forma de entender las relaciones entre el nivel central del Estado y los gobiernos subnacionales. Más capacidad para decidir, pero también mayor responsabilidad para cumplir, mayor autonomía, pero también mayor compromiso con los resultados”, puntualizó.
REACTIVACIÓN
Al reactivarse el programa se desactiva un riesgo institucional, debido a que en diciembre de 2024 se recibió un anticipo de 4.6 millones de dólares, la falta de avances heredada puso al país al borde de tener que devolver los fondos a Italia. Una última alerta europea en mayo de 2026, hizo que la actual gestión agilice los trámites para salvar el financiamiento internacional.
“Después de 13 años de haber tramitado y una burocracia, hoy hemos roto lo que es el Estado tranca”, sentenció el Canciller.
El plan beneficiará de manera definitiva a cinco municipios, tras el desistimiento de Totora. La distribución simplificada de los Bs 100.6 millones totales, crédito italiano más aporte local, se detalla a continuación:
- Torotoro (Potosí): Bs 50.3 millones
- Tarata (Cochabamba): Bs 14.6 millones
- Arani (Cochabamba): Bs 11.1 millones
- Cliza (Cochabamba): Bs 8.6 millones
- Anzaldo (Cochabamba): Bs 4.0 millones
El programa busca conectar el patrimonio histórico y natural con la reducción de la pobreza y la creación de economías comunitarias sostenibles en el tiempo.
El Canciller enfatizó que la proyección internacional del país debe responder directamente a las necesidades de las bases “y no puede concebirse únicamente desde La Paz, ni limitarse a las relaciones de cancillerías. La política exterior también comienza cuando un municipio logra vincular una oportunidad internacional con una necesidad concreta en su territorio (…). Ese es también el sentido de ‘Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia’; no como una consigna, sino como una forma de trabajo”, concluyó.
Para garantizar la continuidad del financiamiento, los alcaldes de Arani, Anzaldo, Cliza, Tarata y Torotoro deberán priorizar ante sus concejos la ratificación de los convenios, agilizar los estudios técnicos de preinversión, regularizar el derecho propietario de los terrenos, tramitar licencias ambientales e inscribir formalmente sus contrapartes económicas en el Plan Operativo Anual (POA) para la gestión 2027.
