Montevideo ocupa un lugar singular en la historia de la integración latinoamericana. Allí, hace más de cuatro décadas, nuestros países establecieron una arquitectura que tuvo la inteligencia de reconocer algo que sigue siendo válido: América Latina comparte intereses y aspiraciones, pero está compuesta por economías de diferentes dimensiones, estructuras productivas y niveles de desarrollo.
El pasado 2 de septiembre volvimos a reunirnos en esa ciudad los representantes de los trece países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración, en ocasión de la Vigésima Reunión de su Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Adoptamos decisiones institucionales importantes, acordamos orientaciones para el trabajo futuro de la Asociación y designamos por consenso al boliviano Adhemar Guzmán Ballivián como próximo Secretario General de la ALADI.
La reunión merece una lectura que vaya más allá de esas decisiones.
El contexto internacional en el que opera hoy nuestra región es muy diferente al de hace algunos años. Las cadenas de suministro se reorganizan, las consideraciones geopolíticas tienen una incidencia creciente sobre las decisiones económicas y comerciales, aparecen nuevas exigencias tecnológicas y ambientales y aumenta la competencia por mercados, inversiones y capacidades productivas.
Frente a esa realidad, América Latina no necesita comenzar nuevamente la discusión sobre la integración. Ya tenemos instituciones, acuerdos, experiencia negociadora y un importante patrimonio jurídico. Lo que necesitamos es utilizar mejor aquello que hemos construido.
Ahí encuentro una de las principales fortalezas de la ALADI.
El Tratado de Montevideo de 1980 no diseñó una estructura uniforme ni obligó a que todos sus miembros avanzaran de la misma manera y a la misma velocidad. Optó por el pluralismo, la convergencia, la flexibilidad, los tratamientos diferenciales y la multiplicidad de instrumentos. Esa concepción permitió que, a lo largo de los años, países con distintas orientaciones económicas pudieran seguir encontrándose dentro de una misma institucionalidad.
Esa flexibilidad no es una debilidad. En el escenario actual puede ser una de las mayores ventajas de la Asociación.
El trabajo que tenemos por delante consiste en acercar ese patrimonio normativo a las necesidades económicas de este tiempo. Las preferencias comerciales son importantes, pero su aprovechamiento depende también de procedimientos aduaneros más ágiles, documentos interoperables, reglas comprensibles, menores costos logísticos y mejores condiciones para que empresas de diferente tamaño puedan operar dentro del mercado regional.
La digitalización, en ese sentido, no debería verse como un asunto administrativo. Una pequeña empresa que puede acreditar digitalmente el origen de su producto, completar procedimientos sin desplazamientos innecesarios o conocer con claridad los requisitos para acceder a otro mercado tiene mayores posibilidades de internacionalizarse. Son cambios técnicos, ciertamente, pero sus consecuencias son económicas.
Algo similar ocurre con la convergencia regulatoria. Durante la reunión de Montevideo fue presentado el Acuerdo de Alcance Parcial para la Eliminación de Obstáculos Técnicos al Comercio de Productos Cosméticos, negociado entre diez países miembros. Su importancia no está solamente en el sector al que se aplica. Es un ejemplo de cómo países con regulaciones diferentes pueden encontrar soluciones comunes para reducir obstáculos que afectan el intercambio comercial.
Hay además un principio que la ALADI debe preservar. Las economías latinoamericanas no parten de las mismas condiciones y, por tanto, la integración requiere instrumentos que reconozcan esas diferencias. Bolivia conoce esta realidad por su condición de País de Menor Desarrollo Económico Relativo dentro de la Asociación.
El tratamiento diferencial no debería entenderse simplemente como una excepción concedida a determinados países. Bien utilizado, constituye un mecanismo para ampliar su capacidad de participar del mercado regional, desarrollar oferta exportable y reducir brechas que, de otra manera, terminan limitando las posibilidades de integración.
Una región integrada exclusivamente entre quienes ya poseen mayores capacidades productivas reproduciría sus asimetrías. El desafío es conseguir que cada vez más empresas y sectores puedan aprovechar las posibilidades que ofrece nuestro propio espacio económico.
Bolivia quiere contribuir también desde otra de sus características.
Estamos situados en el centro de América del Sur. Durante mucho tiempo hemos descrito esa condición como un hecho geográfico. Creo que debemos comenzar a entenderla también como una responsabilidad y una posibilidad económica.
Nuestra ubicación puede ayudar a articular corredores, sistemas logísticos y mercados; puede acercar espacios económicos que tradicionalmente han mantenido vínculos distintos; y puede contribuir a una mejor conexión entre el Atlántico y el Pacífico.
Para Bolivia, por ello, la integración comercial y la conectividad física forman parte de una misma conversación. Las preferencias arancelarias pierden una parte importante de su valor cuando transportar una mercancía resulta excesivamente costoso o cuando atravesar una frontera exige tiempos incompatibles con las necesidades del comercio moderno.
La integración necesita también territorio. Carreteras, ferrocarriles, puertos, pasos de frontera, infraestructura logística y sistemas digitales son parte de la capacidad de nuestros países para aprovechar los acuerdos que hemos negociado. No corresponde que la ALADI sustituya a los organismos encargados de construir esa infraestructura, pero sí puede contribuir a que comercio, logística y conectividad sean pensados de manera más articulada.
La reunión de Montevideo tuvo además un significado particular para Bolivia.
El Consejo de Ministros designó por consenso a Adhemar Guzmán Ballivián como Secretario General de la ALADI para el período 2026–2029. Su mandato comenzará el próximo 22 de septiembre.
Bolivia recibió esa decisión con satisfacción y, sobre todo, con gratitud hacia los países miembros.
Pero una Secretaría General multilateral no pertenece al país de nacionalidad de quien la conduce. Desde el momento de su designación, su obligación es con la institución y con todos sus miembros.
Por eso señalé en Montevideo algo que considero importante reiterar: su origen es boliviano, pero desde hoy su responsabilidad es latinoamericana.
Esperamos de la nueva conducción independencia, equilibrio, capacidad técnica y disposición permanente para escuchar a los trece países miembros. La mejor gestión posible será aquella que fortalezca a la institución y consiga que cada miembro pueda reconocer en ella un espacio útil para defender intereses, acercar posiciones y construir acuerdos.
También corresponde reconocer el trabajo del Secretario General saliente, Sergio Abreu, y de quienes han sostenido a la Asociación durante estos años. Las instituciones no empiezan nuevamente con cada cambio de autoridad. Se construyen acumulando experiencia, corrigiendo aquello que puede mejorarse y preservando lo que ha demostrado su valor.
Ese mismo principio debería orientar a la ALADI en los próximos años.
La región no carece de mecanismos de integración. Probablemente posee más de los que muchas veces somos capaces de articular. El problema, por tanto, no consiste necesariamente en crear nuevas estructuras, sino en conseguir que las existentes dialoguen mejor entre ellas y respondan con mayor rapidez a las necesidades de nuestras economías.
La ALADI puede desempeñar allí una función importante. Su composición, su flexibilidad y el acervo de acuerdos construido durante más de cuatro décadas le permiten ofrecer un punto de encuentro entre distintas experiencias de integración latinoamericana.
Montevideo dejó una nueva conducción y una agenda de trabajo. Ahora corresponde convertir ambas cosas en una oportunidad.
La ALADI tiene detrás más de cuarenta años de construcción institucional. Su próxima etapa dependerá, en buena medida, de cuánto de esa experiencia podamos llevar del texto de los acuerdos a la actividad cotidiana de nuestras economías.
Ese es un trabajo menos visible que una declaración solemne, pero probablemente sea hoy uno de los más necesarios para la integración latinoamericana.
