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Su Excelencia:
Me dirijo a Usted para poner en su conocimiento la apremiante situación que vive el Estado Plurinacional de Bolivia, como consecuencia de acciones de sectores políticos que ponen en riesgo los derechos humanos de las personas que sufren COVID-19 y de la población en general.
Bolivia vive actualmente la etapa de mayores índices de contagios y fallecimientos provocados por la pandemia del COVID-19. En estos momentos críticos para el país, grupos afines al partido político “Movimiento al Socialismo” (MAS) del expresidente Evo Morales han iniciado un bloqueo de caminos y huelga general, exigiendo la realización de elecciones generales para el día 6 de septiembre de 2020 y no el 18 de octubre de 2020 como ha determinado el Tribunal Supremo Electoral, como Órgano independiente del Estado boliviano, así como el Órgano Judicial a través de una resolución de un Tribunal de Garantías.
Las medidas adoptadas por estos sectores, que están motivadas por razones políticas, tienen fuertes efectos sobre el sistema de salud del país, impidiendo que pueda movilizarse el personal médico, que circulen ambulancias, y que se transporte medicamentos, insumos médicos y oxígeno para los pacientes contagiados con COVID-19. Como se ha visto en medios de comunicación y redes sociales, estas protestas no pueden de ninguna manera ser consideradas pacíficas por la comunidad nacional o internacional.
Estos actos realizados por sectores políticos violan flagrantemente los derechos humanos de la población, y constituyen hechos delictivos que la mayoría del pueblo boliviano condena enérgicamente, y que el Gobierno intenta controlar. Sin embargo, cualquier medida del Gobierno de Bolivia para enfrentar estas acciones es rápidamente denunciada por el Movimiento al Socialismo y el Sr. Morales como opresión política, cuando en realidad son acciones necesarias para precautelar la salud de todos los bolivianos.
El derecho a la salud está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12. También se encuentra reconocido en el Sistema Interamericano, en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) en su artículo 10.
Sin embargo, los actores políticos que impulsan estos bloqueos violan estos preceptos esenciales. Ni en situaciones críticas de conflictos armados puede restringirse la circulación de medicamentos y ambulancias a los centros sanitarios, o tomarse medidas violentas contra el personal de salud, como está ocurriendo actualmente en Bolivia por parte de estos grupos, en clara contravención a los principios del Derecho Internacional Humanitario. En la marcha del 29 de julio, organizada por la Central Obrera Boliviana, se registraron ataques contra una ambulancia y miembros de la prensa. Sucesivamente, se produjeron incendios provocados, bloqueos y destrucción deliberada de carreteras con el ánimo de impedir el paso de insumos médicos esenciales, vulnerando de esta manera el derecho a la salud del pueblo boliviano.
El nexo entre el Sr. Morales, el MAS y los bloqueos, es manifiesto. El 3 de agosto el Sr. Morales escribió en su cuenta de redes sociales: “Denunciamos a la comunidad internacional que gobierno de facto inició persecución política contra Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Guarachi, y Jefa de Bancada de Diputados MAS-IPSP, Betty Yañiquez. Defenderemos derechos sindicales y políticos”. Omite, sin embargo, mencionar los efectos que generan los bloqueos y manifestaciones, que en el fondo buscan la ingobernabilidad del país.
Asimismo, el Comentario General Nro. 37 emitido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU de 27 de julio ya ha explicado que cuando existe un brote de una enfermedad infecciosa y un riesgo sustancial a la salud del público en general o de los participantes, las protestas pueden ser restringidas bajo la protección de la salud pública.
Ante esta alarmante situación, y ante el peligro y vulnerabilidad que estas acciones irresponsables generan para los bolivianos, el Gobierno de Bolivia solicita que los organismos internacionales se manifiesten censurando la flagrante violación de los Derechos Humanos que provocan las movilizaciones impulsadas por estos actores políticos. Las manifestaciones y bloqueos promovidos por grupos afines al expresidente Morales están poniendo en peligro la vida de miles de bolivianos, y esto no puede ser consentido por los organismos internacionales, como tampoco puede ser ignorado el hecho que no es la primera vez que el expresidente Morales llama abiertamente a la confrontación.
Por último, el Gobierno de Bolivia manifiesta su desconcierto y preocupación porque importantes organismos internacionales expresaron opinión crítica sobre medidas gubernamentales que fueron tomadas de forma proporcional y necesaria frente a los riesgos de la pandemia. Sin embargo, estos importantes organismos hoy callan respecto a los abusos, provocaciones y violaciones a derechos humanos perpetrados por el MAS y Evo Morales desde su asilo o refugio en Argentina, siendo que inclusive la opinión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha dejado en claro que el asilo no puede ser utilizado para generar incitación a la hostilidad o la violencia en el país de origen.
Agradezco su atención a la presente nota, y hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
Karen Longaric Rodríguez
MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Su Excelencia:
Me dirijo a Usted para poner en su conocimiento la apremiante situación que vive el Estado Plurinacional de Bolivia, como consecuencia de acciones de sectores políticos que ponen en riesgo los derechos humanos de las personas que sufren COVID-19 y de la población en general.
Bolivia vive actualmente la etapa de mayores índices de contagios y fallecimientos provocados por la pandemia del COVID-19. En estos momentos críticos para el país, grupos afines al partido político “Movimiento al Socialismo” (MAS) del expresidente Evo Morales han iniciado un bloqueo de caminos y huelga general, exigiendo la realización de elecciones generales para el día 6 de septiembre de 2020 y no el 18 de octubre de 2020 como ha determinado el Tribunal Supremo Electoral, como Órgano independiente del Estado boliviano, así como el Órgano Judicial a través de una resolución de un Tribunal de Garantías.
Las medidas adoptadas por estos sectores, que están motivadas por razones políticas, tienen fuertes efectos sobre el sistema de salud del país, impidiendo que pueda movilizarse el personal médico, que circulen ambulancias, y que se transporte medicamentos, insumos médicos y oxígeno para los pacientes contagiados con COVID-19. Como se ha visto en medios de comunicación y redes sociales, estas protestas no pueden de ninguna manera ser consideradas pacíficas por la comunidad nacional o internacional.
Estos actos realizados por sectores políticos violan flagrantemente los derechos humanos de la población, y constituyen hechos delictivos que la mayoría del pueblo boliviano condena enérgicamente, y que el Gobierno intenta controlar. Sin embargo, cualquier medida del Gobierno de Bolivia para enfrentar estas acciones es rápidamente denunciada por el Movimiento al Socialismo y el Sr. Morales como opresión política, cuando en realidad son acciones necesarias para precautelar la salud de todos los bolivianos.
El derecho a la salud está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12. También se encuentra reconocido en el Sistema Interamericano, en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) en su artículo 10.
Sin embargo, los actores políticos que impulsan estos bloqueos violan estos preceptos esenciales. Ni en situaciones críticas de conflictos armados puede restringirse la circulación de medicamentos y ambulancias a los centros sanitarios, o tomarse medidas violentas contra el personal de salud, como está ocurriendo actualmente en Bolivia por parte de estos grupos, en clara contravención a los principios del Derecho Internacional Humanitario. En la marcha del 29 de julio, organizada por la Central Obrera Boliviana, se registraron ataques contra una ambulancia y miembros de la prensa. Sucesivamente, se produjeron incendios provocados, bloqueos y destrucción deliberada de carreteras con el ánimo de impedir el paso de insumos médicos esenciales, vulnerando de esta manera el derecho a la salud del pueblo boliviano.
El nexo entre el Sr. Morales, el MAS y los bloqueos, es manifiesto. El 3 de agosto el Sr. Morales escribió en su cuenta de redes sociales: “Denunciamos a la comunidad internacional que gobierno de facto inició persecución política contra Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Guarachi, y Jefa de Bancada de Diputados MAS-IPSP, Betty Yañiquez. Defenderemos derechos sindicales y políticos”. Omite, sin embargo, mencionar los efectos que generan los bloqueos y manifestaciones, que en el fondo buscan la ingobernabilidad del país.
Asimismo, el Comentario General Nro. 37 emitido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU de 27 de julio ya ha explicado que cuando existe un brote de una enfermedad infecciosa y un riesgo sustancial a la salud del público en general o de los participantes, las protestas pueden ser restringidas bajo la protección de la salud pública.
Ante esta alarmante situación, y ante el peligro y vulnerabilidad que estas acciones irresponsables generan para los bolivianos, el Gobierno de Bolivia solicita que los organismos internacionales se manifiesten censurando la flagrante violación de los Derechos Humanos que provocan las movilizaciones impulsadas por estos actores políticos. Las manifestaciones y bloqueos promovidos por grupos afines al expresidente Morales están poniendo en peligro la vida de miles de bolivianos, y esto no puede ser consentido por los organismos internacionales, como tampoco puede ser ignorado el hecho que no es la primera vez que el expresidente Morales llama abiertamente a la confrontación.
Por último, el Gobierno de Bolivia manifiesta su desconcierto y preocupación porque importantes organismos internacionales expresaron opinión crítica sobre medidas gubernamentales que fueron tomadas de forma proporcional y necesaria frente a los riesgos de la pandemia. Sin embargo, estos importantes organismos hoy callan respecto a los abusos, provocaciones y violaciones a derechos humanos perpetrados por el MAS y Evo Morales desde su asilo o refugio en Argentina, siendo que inclusive la opinión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha dejado en claro que el asilo no puede ser utilizado para generar incitación a la hostilidad o la violencia en el país de origen.
Agradezco su atención a la presente nota, y hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
Karen Longaric Rodríguez
MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
¿Cómo califica la actual relación con Argentina?
